El Pleno se une en favor de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y el impulso de un órgano que proponga mejoras en los procesos

Zaragoza, 01/12/2016.- La sesión plenaria celebrada esta tarde en las Cortes de Aragón ha permitido que los grupos parlamentarios que hayan unido para la aprobación de una proposición no de ley planteada por la diputada de IU Patricia Luquin sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, que ha incorporado las propuestas de modificación planteadas por PSOE y Podemos.

En ella se pide "la elaboración, en colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, de un repositorio de cláusulas sociales, medioambientales, de género, etc., que puedan ser tenidas en cuenta por los órganos de contratación de la comunidad autónoma", así como la puesta en marcha de "un órgano colegiado que asegure y garantice no solamente la satisfacción en el servicio prestado, sino también la calidad de los puestos de trabajo, y proponga mejoras a tener en cuenta en procesos posteriores". 

Luquin ha recibido hasta cinco propuestas de modificación al texto planteadas por tres grupos parlamentarios, plesentadas por Yolanda Vallés (PP), Leticia Soria (PSOE) y Román Sierra (Podemos). También han participado en este debate los diputados de PAR y Ciudadanos Jesús Guerrero y Javier Martínez.

El texto final aprobado ha quedado de la siguiente manera:

"Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón:

1.º A adoptar las medidas necesarias para la elaboración, en colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, de un repositorio de cláusulas sociales, medioambientales, de género, etc., que puedan ser tenidas en cuenta por los órganos de contratación de la comunidad autónoma a la hora de elaborar sus pliegos de cláusulas administrativas particulares, facilitando el acceso a dicho repositorio, además, a los órganos de contratación de la Administración local que muestren su interés, de forma que se extienda su utilización como una buena práctica administrativa, y la posterior inclusión de cláusulas sociales en la próxima ley de contratos del sector público. 

2. º A impulsar un órgano colegiado en el que estén presentes las administraciones públicas, los representantes de los trabajadores que estén relacionados con la contratación pública y de la ciudadanía, de forma que asegure y garantice no solamente la satisfacción en el servicio prestado, sino también la calidad de los puestos de trabajo, y proponga mejoras a tener en cuenta en procesos posteriores.

Además de las funciones de:

- Realizar propuestas de cláusulas para para incluir en nuevos pliegos.

- Controlar las políticas del Gobierno en materia de contratación pública, con participación de la ciudadanía. 

- Verificar el cumplimiento de los pliegos durante el desarrollo de los contratos."

 

 


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